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Sobre las multas a las mujeres que ejercen la prostitución callejera en Alcalá de Henares (Madrid)

Las mujeres que ejercen la prostitución en el polígono Iplacea del municipio madrileño Alcalá de Henares y Hetaira (colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas):

  • lamentamos la puesta en marcha, a finales de 2010, de la Ordenanza municipal para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Alcalá de Henares, que prohíbe expresamente el ejercicio de la prostitución callejera
  •  solicitamos públicamente una entrevista con el alcalde Bartolomé González o con el concejal de Seguridad, Francisco Javier Fernández, para tratar de encontrar una salida negociada a la situación, ya que previamente a la aprobación de dicha normativa ni se requirió su presencia ni se les informó de los planes municipales. Entendemos que cualquier tipo de medida ha de contar con la opinión de los sectores afectados.

Asimismo denunciamos las formas en que, en ocasiones, la Policía Municipal se ha dirigido a las prostitutas, con comentarios homófobos (“Ésta o éste o no sé lo que eres”) o racistas (“En tu puto país ya te habrían caído hostias”). Insultos o expresiones de este tipo están precisamente tipificados también como “incívicos” en otros capítulos de la misma ordenanza.

Según dicha ordenanza de convivencia ciudadana se podrá multar a trabajadoras del sexo y a clientes, siempre y cuando se encuentren a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros educativos o zonas de actividad económica. Las multas pueden oscilar entre 300 y 3.000 euros. Aunque hay otros comportamientos que también se contemplan en dicha normativa como “incívicos” y que también suponen multas, “curiosamente” la inmensa mayoría las estamos recibiendo las prostitutas y nuestros clientes.

Las multas, que recuerdan bastante a épocas pasadas en las que se aplicaba la ya derogada Ley de Peligrosidad Social, están agravando las ya de por sí malas condiciones de trabajo (y por tanto de vida) de quienes allí ejercemos. Las trabajadoras del sexo tan sólo necesitamos un lugar donde poder trabajar sin molestar ni ser molestadas y creemos que se pueden encontrar lugares para que esto sea posible.

Continuaremos, por tanto, realizando los escritos de alegaciones que consideremos necesarios (ya se han cursado 9 alegaciones a actas de infracción y 3 alegaciones a expedientes sancionadores) (*) contra esta normativa que raya la inconstitucionalidad. La prostitución no es delito en el Estado español y entendemos que se están conculcando derechos fundamentales como el de la libertad de movimientos.

Mujeres que ejercen la prostitución en el polígono Iplacea del municipio madrileño de Alcalá de Henares y Hetaira (colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas).
 

(*) Fundamentos de las alegaciones:

. Infracción del derecho a la libre circulación en la vía pública.- La presencia en un espacio público no es motivo de infracción, entender lo contrario vulneraría los derechos fundamentales de libertad de circulación y a no ser discriminado por razones de género o profesión, según establece la Constitución Española.

. Infracción del inicio del procedimiento.- No se han cumplido los requisitos respecto al contenido mínimo de iniciación de los procedimientos sancionadores, como establece el artículo 13.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, respecto de la audiencia preceptiva, alegaciones y el plazo para interponerlos, creando indefensión al administrado.

. Infracción de la tipicidad.- La tipicidad de la infracción contenida en el Acta (artículo 27.2 de la Ordenanza), resulta ambigua e indeterminada, incumpliendo el principio de tipicidad que rige la potestad sancionadora de la Administración, que requiere claridad y certeza, y que deriva del principio de legalidad reconocido en los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución Española, afectando al principio de seguridad jurídica.

. Infracción del apercibimiento previo.- Asimismo, se incumple el apartado primero del artículo 28 de la Ordenanza de Alcalá de Henares que regula el “Régimen Sancionador” al indicar que es preceptivo un apercibimiento previo por parte de la autoridad respecto de la practicas que están prohibidas por dicha Ordenanza municipal, lo que no se ha hecho.

. Nulidad de actuaciones.- En definitiva se produce el incumplimiento del artículo 62.1 a), e) y f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y previsiblemente, al ser presuntamente inconstitucional la Ordenanza misma, el apartado 2 de dicho artículo.

Madrid, 1 de marzo de 2011

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