Ordenanzas municipales y prostitución. El caso de Gandía
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Ordenanzas municipales y prostitución. El caso de Gandía

15 de noviembre de 2010

Silvia García

En los últimos tiempos se han tomado diferentes iniciativas institucionales  sobre prostitución por parte de algunas administraciones locales. La existencia de estas normativas se hace posible debido al vacío legal existente en nuestro país en materia de prostitución.

Las medidas legislativas más destacadas en ese sentido fueron la de los Ayuntamientos deMadrid y Barcelona. Y posteriormente otros Ayuntamientos como el de Valencia, algunos deBaleares, la propuesta en Bilbao, Málaga, Sevilla, Granada, Alicante y, recientemente,Gandía han seguido también estas políticas.

El 1 de noviembre de 2010 vivimos con estupor la entrada en vigor de una nueva ordenanza municipal. Gandía viene a engrosar el listado de ciudades que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución y que captan su clientela en los espacios públicos. El motivo argumental del Ayuntamiento para tomar esta medida es que “causan molestias a los vecinos”.

Esta ordenanza se deriva claramente de la de Barcelona1

[i]. Pero va un paso más allá en cuanto a la vulneración de derechos, ya que esta nueva normativa municipal de convivencia prohíbe expresamente “ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales mediante pago en la vía pública” tipificada como sanción leve, con multas de hasta 750 euros. El alcalde ya ha anunciado que pueden llegar a 3.000 euros si la persona reitera su comportamiento, esto también muy similar a las medidas represoras del Ayuntamiento de Barcelona. Manuel Orengo, edil de la ciudad, expresó que sería contundente en la aplicación de la ordenanza y que haría “una especial incidencia con la prostitución que se está ejerciendo en los alrededores de la ciudad, hacia el sur”, con la intención de “barrer esta actividad que se está produciendo” en la calle. Se olvida de que quienes ejercen la prostitución no son “basura” u objetos a quienes mover a su antojo, sino personas, que para planificarse su futuro intercambian servicios sexuales por dinero y esto, en nuestro país, no es ningún delito.

Al sur de Gandía las mujeres ejercen en las inmediaciones de un polígono industrial y en las carreteras periféricas. Entonces si no pueden ejercer allí, ¿dónde lo harán? Con esto pretenden que quienes quieran seguir ejerciendo la prostitución lo hagan en locales cerrados donde los empresarios las explotan laboralmente, quedándose con un tanto por ciento de su trabajo e imponiendo sus reglas (la limitación para negociar el uso del condón, sin libre elección de clientes, horarios interminables…).

La nueva ordenanza pretende convertir a Gandía en una ciudad “permanentemente limpia” y mejorar la convivencia ciudadana. Una vez más la hipocresía se ceba con las leyes de este país y no sólo eso, que las faltas de respeto y la discriminación hacia las trabajadoras del sexo no pueden ser más explícitas. Se las está tratando como personas de segunda o tercera categoría,  estigmatizándolas aún más, no permitiendo que puedan caminar tranquilamente y menos detenerse en la acera, porque pueden ser acusadas de conducta incívica. Esto recuerda a la detención de prostitutas durante el período franquista y durante la etapa de la transición, cuando eran retenidas, encarceladas y fichadas por la policía por la Ley de Peligrosidad Social.

Obviamente no les preocupa en absoluto las condiciones en las que se mueve la vida de las prostitutas, ni qué hacer para que éstas puedan superar las situaciones de mayor vulnerabilidad. Pretenden acabar con la prostitución de calle porque es la que más se ve y la que genera más problemas con el resto de la ciudadanía.

Las mujeres prefieren captar la clientela en la calle porque aunque el trabajo en calles y parques implique mayores riesgos para su seguridad también suele implicar mayor libertad en el ejercicio y mejores ganancias, dado que los lugares cerrados están llevados por los dueños que son los que imponen las condiciones de trabajo y que se quedan un tanto por ciento importante de sus ganancias. Pero además hoy, es imposible el reconocimiento de esa relación laboral ya que el artículo 188 del Código Penal considera delito “aprovecharse  económicamente de la prostitución de un tercero, aún con el consentimiento de éste”.Obligar a todas las prostitutas a ejercer en locales cerrados implica dejar a éstas a la arbitrariedad de las condiciones draconianas que los empresarios imponen en sus clubes, sin ninguna posibilidad legal a las que las mujeres puedan acogerse para mejorar dichas condiciones.

No obstante, en Hetaira también somos conscientes de que la captación de clientela en la calle es lo que plantea más problemas y de donde se han derivado muchos de los conflictos que se han dado en los últimos tiempos. No somos partidarias de que las prostitutas, ni nadie, hagan lo que les dé la gana sin tener en cuenta a los demás. Partimos de la consideración de que los espacios públicos son de toda la ciudadanía y su utilización no está exenta de problemas, no sólo por el tema de la prostitución, otro buen ejemplo es el botellón en diferentes ciudades de nuestro país, más fácilmente solucionable, al fin y al cabo, afecta a “nuestros jóvenes”, por tanto, estamos del lado de la búsqueda de soluciones aceptables para toda la ciudadanía. Pero es cuestionable que sean los Ayuntamientos los únicos que tienen la facultad de establecer cómo se utilizan éstos, más aún si nos atenemos a los fraudes urbanísticos que se han ido descubriendo. Creemos que el espacio público debe ser negociado por los diferentes agentes sociales en pie de igualdad. En el caso de las prostitutas es fundamental romper con la idea de que siempre tienen que ser éstas las que deben plegarse a la voluntad del resto de ciudadanos y cambiar de lugar de trabajo. Las propias trabajadoras del sexo son las primeras interesadas en mejorar sus condiciones de trabajo desarrollando éste en lugares tranquilos y seguros, con mejores condiciones de higiene, de alumbrado… Para nosotras es fundamental que estas zonas de ejercicio sean pactadas previamente con representantes de las trabajadoras del sexo y que su puesta en práctica se haga con métodos persuasivos (convenciendo de las ventajas de trabajar en ellas porque existen mejores condiciones) y no impositivas (multando a quien no esté en ellas). Nuestra experiencia nos demuestra que si existen sitios para trabajar en buenas condiciones, el grueso de las trabajadoras acudirá a ellas.

Desgraciadamente, la experiencia también nos dicta que las consecuencias de la aplicación de esta ordenanza no serán distintas al resto de ciudades españolas donde se aplica: persecución y acoso de las trabajadoras del sexo, empeoramiento de las condiciones de trabajo de estas mujeres, condiciones que ya eran bastante precarias y creación de un clima de inseguridad e indefensión que aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y la posibilidad de agresiones. También pensamos que estas políticas favorecen el desarrollo de mafias y chulos dado que  las trabajadoras del sexo, para evitar el acoso policial, se ven obligadas a buscarse “protectores” que les avisen de las redadas o las defiendan en el reparto del espacio, que suele ser muy escaso y estar muy contaminado por la marginación y la delincuencia.

Y para más inri, estas normas están originadas por una administración pública, que debería ser el garante del estado de bienestar y quien tendría el deber de preservar los derechos de todos y todas, también los de las minorías. Da mucho miedo cuando las normativas y las leyes se dan a luz para los votantes y no en nombre del buen gobierno y de los derechos fundamentales. Los gobiernos municipales están motivados fundamentalmente por un interés electoral, en el que tan sólo les preocupa tranquilizar a los ciudadanos que protestan porque se ve la prostitución en sus barrios. Es decir, en la práctica invisibilizan los problemas de exclusión social que hay en nuestras calles, donde se quiere limpiar todo aquello que estéticamente no interesa: mendigos, prostitutas, grafiteros, panfletistas, titiriteros, mimos, amantes…

Para que mejore la situación de las trabajadoras del sexo, especialmente la de aquellas que están en peor situación -las más pobres y las inmigrantes que son las que, mayoritariamente, ejercen la calle- es necesario que se legisle pensando fundamentalmente en reconocer legalmente sus derechos para que así su actividad pueda ser reconocida como un trabajo y combatir el secretismo y la vergüenza en los que hoy se mueven.

Una vez más se cumple el lema que gritan en las manifestación de  trabajadoras del sexo“Folláis con nosotras, votáis contra nosotras”.


[i] Ana Botella puso en marcha su Plan contra la esclavitud sexual en abril de 2004. En teoría la intención explicitada  por la concejala era luchar contra las situaciones de esclavitud que padecían las mujeres que ejercían la prostitución en las calles de nuestra ciudad. El Plan proponía acabar con este tipo de prostitución, ofreciendo a las prostitutas dejar este trabajo e incorporarse a planes de reinserción cobrando 300 euros mensuales o la vuelta a su país de aquellas inmigrantes que no tenían regularizada su situación en este país.

En la práctica, las acciones que acompañaron la puesta en marcha del Plan eran fundamentalmente represivas: grandes concentraciones de Policía Municipal que perseguían a las trabajadoras del sexo demandando papeles, insultos racistas y sexistas hacia ellas, amenazas a las que tenían permiso de residencia, tomándoles nota del nombre y diciéndoles que se preparasen cuando tuvieran que renovar sus papeles, vigilancia y posterior cierre de los pequeños locales y pensiones donde se ocupan sin justificar por qué esas redadas en esos hostales y no en grandes clubes, por ejemplo.

Aunque el signo político del Ayuntamiento de Madrid (PP) y el de Barcelona sea diferente, las políticas que han tomado en relación a la prostitución están inspiradas por los mismos objetivos: acabar con la prostitución que capta su clientela en la calle.

La normativa municipal del Ayuntamiento de Barcelona, aunque diferente en la letra, entre otras cosas porque el Plan del Ayuntamiento de Madrid no se convirtió en ordenanza municipal, no difiere en sus resultados. Si el Ayuntamiento de Madrid toma estas medidas para luchar contra la esclavitud sexual, el Ayuntamiento de Barcelona toma como motivación la convivencia ciudadana bajo el nombre “Ordenanza Municipal para garantizar la Convivencia y el Civismo”.Se dictaminó en diciembre de 2005 y entró en vigor en enero de 2006.

noviembre, 2010 |Categories: Artículos de Hetaira|