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Hablemos de derechos, no de goles

Mamen Briz / Cristina Garaizabal

El derecho a sindicarse es un derecho fundamental recogido en el capítulo ‘Derechos y libertades. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas’ de la Constitución Española de 1978. Así reza el artículo 28: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato”.

El sábado 4 de agosto se publicó en el BOE la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales, en siglas OTRAS. OTRAS está conformado por trabajadoras y trabajadores del sexo, algunas ya organizadas en asociaciones pro derechos, otras trabajan captando a sus clientes en la calle, otras de forma autónoma en pisos y hoteles… Y viven y trabajan en ciudades diferentes, aunque su sede está ubicada en Barcelona. Juntas deciden dar un paso más para organizarse sindicalmente y pelear por sus derechos laborales.

Hay prostitutas ya sindicadas. Durante el mes de julio se constituyó una sección sindical en Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC). Durante los últimos años han sido muchos los encuentros entre organizaciones sindicales y organizaciones pro derechos, pero no ha habido los acuerdos que ya funcionan en otros países: AMMAR en Argentina trabaja bajo el paraguas de la CTA, o la organización alemana Hydra bajo el sindicato Verdi o las holandesas El Hilo Rojo bajo el paraguas del sindicato FNV, etc, etc.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha decidido iniciar el trámite de impugnación del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales. Bueno, en su nota de prensa no llega a hablar de “sindicato”, sería una gran contradicción, que un Gobierno, del signo que sea, decida impedir la creación de un sindicato, un derecho recogido en la Carta Magna. En su nota de prensa dice textualmente que “la prostitución no es legal en España”. Y asombra esta aseveración. El Código Penal es esclarecedor en explicar qué es delito y qué no lo es en materia de prostitución. Así prostituirse, siendo mayor de edad, en nuestro país no es delito y no pueden arrestarte ni detenerte por ello.

Cierto es que desde que entró en marcha la Ley de Seguridad Ciudadana el modelo prohibicionista se empezó a implantar de forma abierta y clara en relación a quienes captan a sus clientes en la calle. Es decir, desde hace ya más de dos años, las prostitutas por decisión propia (y las posibles víctimas de trata) que captan a sus clientes en la calle están siendo multadas, de forma reiterada. No hay cifras exactas, o al menos desde Delegación de Gobierno no las facilitan, porque en ocasiones figuran como “desobediencia a la autoridad”. Lo saben las organizaciones pro derechos que, desde hace años, trabajan también recurriendo las multas que acumulan las prostitutas. Pero esto no parece preocuparle al Gobierno. Tampoco parece preocuparle, en exceso, que esta misma ley, más comúnmente llamada ‘ley mordaza’ posibilite las expulsiones en caliente sin que previamente se pueda determinar si algunas de las personas que entran ilegalmente a través de nuestras fronteras pudieran ser víctimas de trata.

Desde el Ministerio dan por supuesto que denominarse “feminista” es suficiente para barrer de un plumazo la posibilidad de que quienes ejercen la prostitución por decisión propia puedan sindicarse para evitar todo tipo de abusos a los que se ven expuestas quienes trabajan en calle, quienes trabajan autónomamente y quienes trabajan para terceros en clubes y pisos (con horarios irrisorios, con condiciones laborales imposibles de ubicar en ningún “Estatuto de los Trabajadores”, sin contratos, sin vacaciones, sin bajas por enfermedades comunes o laborales…). Un Gobierno feminista es, bajo nuestro punto de vista, aquel que no se olvida de ninguna mujer, porque nadie vive mejor sin derechos que le protejan.

La ministra de Trabajo asegura que le han colado un gol y que es uno de los peores disgustos de su vida política. ¿Le supone uno de los peores disgustos de su vida el que las mujeres se autoorganicen para luchar por sus derechos laborales, para no dejarse pisotear, para contar con herramientas para denunciar posibles situaciones de explotación laboral?

El problema del Gobierno es que la mera existencia de las prostitutas autoorganizadas (y de activistas feministas y activistas pro derechos humanos que las apoyan) pone en jaque todas sus ideas retrógradas en materia de prostitución. Su discurso hace aguas frente a la presencia de mujeres empoderadas que desde hace años pelean por sus derechos y con quienes jamás ha contado para mantener un mínimo diálogo y conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. El feminismo hegemónico, representado por las feministas que llegaron al poder, pretende tener la ‘verdad absoluta’, pero la realidad es la que es. Muchas personas, mujeres (cis y trans) y hombres se prostituyen por decisión propia en nuestro país y ninguna ley va a terminar nunca con ello. ¿No sería más sensato, más acorde con una sociedad del siglo XXI, que lo hagan bajo un paraguas de derechos?

Dicen desde el ministerio que si se reconoce un sindicato de prostitutas las estaría reconociendo como trabajadoras de una “actividad no legalizada”. Una actividad que, sin embargo, se refleja en las cifras del PIB. Una actividad que mantiene económicamente a profesionales del sexo y sus familias y que no está prohibida por ley, es simplemente una actividad de las ubicadas en la “economía informal”. Para más inri, no tiene en cuenta que ya existe la posibilidad de darse de alta como autónoma en la sección Servicios Personales Especiales dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Ya existe un reconocimiento explícito de que la prostitución es trabajo. También lo han reconocido diferente tribunales. La primera sentencia data de 2001 y es del Tribunal de Justicia de la Unión Europa.

La prostitución decidida no tiene nada que ver con la trata de personas (un delito recogido en nuestro Código Penal), pero también se le olvidó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando usó el hashtag #PSOEAbolicionista para hablar de la prostitución como esclavitud tras el 8 de Marzo (un 8 de Marzo en el que, por cierto, participaron las prostitutas organizadas que acudieron con pancartas, megáfonos y muchísimo entusiasmo a las manifestaciones que se celebraron en Madrid, Barcelona, Sevilla o Murcia…).

Las políticas públicas que los gobiernos del PSOE han implantado en muchos municipios no son nada novedosas: prohibir, perseguir, multar, buscar la víctima perfecta y lanzar mensajes simplistas ante una realidad compleja, muy compleja. Quienes sí han salido bien parados durante todo este tiempo han sido los empresarios de los macroburdeles, que tan sólo han visto aumentar sus beneficios a costa de no tener la obligatoriedad de dar de alta a quienes trabajan en sus locales. Además, ellos sí están registrados como asociación en la Dirección General del Trabajo (tras obligarles una sentencia del Tribunal Supremo de 2004). ¡Qué buena jugada! El Gobierno se lanza contra las prostitutas autoorganizadas y los empresarios de clubes de alterne se van de rositas. De ahí la necesidad de organizarse sindicalmente.

Tampoco se avanza en la protección real de las víctimas de trata: ¿cuántas órdenes de asilo se han concedido en el último año? ¿cuántos juicios condenatorios para los tratantes de personas? ¿cuántas víctimas han recibido indemnización por el daño causado? Pero éste ya es otro tema y, recordamos, no afecta solamente al sector de la prostitución. Hay víctimas de trata esclavizadas en los campos, en la industria textil, en la mendicidad y de momento nadie ha exigido prohibir el trabajo en el campo o en el textil. Muchas preferimos seguir practicando un feminismo basado en la solidaridad entre mujeres, en escuchar, en reconocernos en las otras, especialmente en aquellas que son sistemáticamente discriminadas por haber decidido ejercer la prostitución y enfrentarse a toda la sociedad que las criminaliza, culpabiliza y las representa como las “malas mujeres”.

El plazo para presentar alegaciones a la constitución de OTRAS ya ha finalizado. Habrá que esperar a conocer qué tipo de impugnación estudia hacer la Abogacía General del Estado. Y el Gobierno habrá de saber que las prostitutas no van a permanecer calladas, que son ya sujeto político desde hace años y que muchas activistas feministas y organizaciones pro derechos humanos están ya a su lado. Nueva Zelanda despenalizó el trabajo sexual en 2003 y estableció medidas basadas en los derechos de las personas que ejercen (y no en los intereses empresariales) además no las obliga a registrarse como tal si no es su deseo. Catherine Healy fundadora de la NZPC, colectivo de trabajadoras sexuales, lo explicaba en una visita a Madrid. Amnistía Internacional aboga igualmente  por la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial.

septiembre, 2018 |Categories: Actualidad, Artículos de Hetaira|